La atención de América está hoy sobre Honduras. La última semana ha visto a las fuerzas militares de ese país arrestar a su presidente, Manuel Zelaya, y expulsarle a Costa Rica. También hemos visto al Congreso hondureño destituir a Zelaya y nombrar a un nuevo presidente, en la figura del legislador Roberto Micheletti. A su vez, el poder judicial de esa nación ha dado una aparente "bendición" a la acción militar, declarando que los soldados procuraban la defensa de la Constitución, puesta en jaque ante las propuestas del presidente depuesto. Tras todo esto, hemos observado el absoluto repudio que la comunidad internacional ha dado a lo que prestamente han denominado un golpe de estado. Así, cuerpos como la OEA y la Unión Europea han realizado enfáticas condenas a lo ocurrido; las Naciones Unidas, Washington y algunos otros actores de peso han -aunque de manera menos vehemente- hecho lo propio. Por su parte, nada sorprende que el ALBA y sus países miembros, en especial Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, se hayan mostrado solidarios con Zelaya y que exhiban hoy una actitud que bordea en lo bélico con respecto al nuevo gobierno.
Ahora bien, ¿qué lectura darle a los acontecimientos?
Al aportar mi granito de arena, quisiera dividir el argumento en dos partes: una parte si se quiere más teórica, y otra más política en el sentido de realpolitik. Comencemos por la primera...
La democracia descansa, entre otros preceptos, en la idea básica de separación de los poderes. De modo que -en el modelo clásico- el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial conforman los tres el gobierno de un país dado. Los tres ejercen funciones igualmente importantes para el gobierno del Estado y los tres mantienen -a través de la autonomía que cada uno debe mantener con respecto a los demás- el equilibrio de fuerzas que permite una gobernación más plural y democrática de las sociedades.
Los poderes públicos en Honduras protagonizaban desde hace meses una intensa pugna que tenía al país sumido en una crisis institucional. En el centro de esa pugna se hallaba una propuesta polémica del presidente Zelaya que buscaba realizar una consulta que permitiese introducir cambios en la Constitución hondureña, con la finalidad de permitirle una vía para permanecer en el poder más allá del término de su actual período. El Legislativo y el Judicial se enfrentaron duramente a esa propuesta y la calificaron de ilegal, proponiendo que la consulta se realizase en noviembre junto a la elección presidencial correspondiente. Pero el detonante -como suele suceder en América Laitna- vino camuflado. El presidente Zelaya destituyó de su cargo al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de su país ante la negativa de éste a seguir órdenes que los dos poderes restantes habían tachado de ilegales. El presidente se hallaba en abierto desafío de los poderes que le hacen contrapeso en el gobierno del Estado, y continuó esa postura al negarse a restituir al General Romeo Vásquez, tal y como lo establecía un mandato del Tribunal Supremo. En la medida que se acercaba la fecha de una consulta que era rechazada por el Congreso, el Tribunal y la autoridad electoral, el ambiente se crispaba más y más. En los días previos a lo que sería su destitución forzada del poder, incluso las fuerzas político-partidistas que apoyaban a Zelaya le habían retirado su apoyo, citando los rasgos autoritarios que mostraba el presidente en su terca faena. Finalmente, el día de la fulana consulta, sucedió lo que todos conocemos y el gobierno de Zelaya fue depuesto por la fuerza militar...
Los acontecimientos, más allá del relato, traen a colación algunas cuestiones críticas. En primer lugar, el retrato de una Honduras institucional, presta a la defensa del estado de derecho y, como entonó una legisladora liberal (antes afecta a Zelaya) en la sesión que le destituyó del poder formalmente, a la idea de que "nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera un presidente". En segundo lugar, lo arraigado del presidencialismo como sistema en nuestros países. ¿Existiría el mismo repudio internacional y la misma alharaca si el Ejecutivo y el Judicial hubieran clausurado el Congreso de la República, electo mediante el voto popular? Pero todo esto suena muy inocente y muy Bambi....
La realidad es que la intervención militar introdujo una mancha de descrédito a lo que aparenta ser un reclamo legítimo de dos ramas también legítimas del gobierno hondureño. La sombra del pretorianismo latinoamericano y del fatídico argumento de la tutela militar ha empañado, y en cierta medida deslegitimado, los argumentos de quienes, basados en la autonomía de los poderes públicos, empeñaban una defensa de la institucionalidad democrática, haciéndoles quedar ante el mundo como todo lo contrario, como verdugos de la voluntad popular y usurpadores del gobierno legítimamente constituido.
Puede observarse, entonces, la complejidad del asunto. Una complejidad que merece, en cuanto al análisis, ir mucho más allá de lo periodístico y de lo que el calor del debate trae "en directo". Algunos hablan de dos golpes y, aunque deliberadamente exacerbado, no deja de tener cierta lógica: un primer golpe de Zelaya, queriendo pasar por encima al Poder Judicial y al Poder Legislativo, seguido de un segundo golpe militar, que resultó en la destitución del presidente elegido por el voto popular.
Arriba hablábamos de dos argumentos. El segundo, el basado en cuestiones menos teóricas y más pragmáticas, es el que sigue. Detrás de los sucesos de los últimos días en Honduras se puede ver una determinación muy firme por parte de algunos países de no permitir la replicación del experimento chavista en sus sociedades. Y por "experimento chavista" no me refiero al aspecto ideológico sino al procedimental: la extirpación del estado de derecho y de la autonomía de los poderes públicos y el control entero del aparato gubernamental en las manos del Ejecutivo, y más específicamente, del Presidente. Hace diez años una Venezuela esperanzada y sumisa entregó la Corte Suprema de Justicia al chavismo, permitió la disolución del Congreso Nacional y se enfiló por el despeñadero que llegó a representar el proyecto personalista y militarista del Teniente Coronel Chávez. Hoy, vista en el espejo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Honduras no estuvo dispuesta a probar una suerte similar.
De por qué el fin no justifica los hechos
Si bien considero que esto es así, la bota militar no ha hecho sino enlodar lo que a leguas parece un reclamo legítimo de los sectores democráticos hondureños. ¿Qué haber hecho distinto? Ver por el retrovisor redunda siempre en una simplificación grotesca de los hechos, pero da la impresión de que la acción apropiada hubiera sido -como a todas luces aparentaba iba a ser en cuestión de días- la destitución de Zelaya por el Congreso Nacional, amén de sus violaciones a la Constitución y su incapacidad (o falta de voluntad) para gobernar democráticamente. Esa hubiera sido una salida institucional, democrática, pacífica y, sobre todo, civil a la crisis de poderes, y habría colocado cualquier acción posterior de las fuerzas militares en un marco legal de respaldo a una medida tomada legítimamente por los poderes del Estado.
En cierre..., el de Honduras es un problema complejo, y como tal no admite explicaciones ni soluciones simples. Las posturas dogmáticas no tienen cabida en este debate. El nuevo gobierno, acorralado por la presión internacional, la tiene cuesta arriba y nace marcado de la ilegitimidad que acarrea el arrebatón militar. Zelaya, a su vez, se muestra vulnerable y desprovisto de apoyo político dentro de sus fronteras. ¿Puede gobernar quien cuenta sólo con el apoyo de agitadores callejeros organizados, con el Congreso, los partidos políticos, los militares y los tribunales en contra? De aquí a noviembre -al menos- Honduras promete ser punto focal de los debates políticos latinoamericanos y mundiales. La situación cambia día a día y en estas líneas se ha querido brindar una primera aproximación a lo que aparenta ser el escenario hondureño. La democracia está a prueba, en muchísimos sentidos distintos, en Honduras. La manera en que se desenvuelvan los hechos será determinante para el resto de la región.
Notas sueltas.
Resulta que ahora a Chávez le molestan los gorilas militares y los golpes de estado...
La credibilidad de Insulza a la cabeza de la OEA se ve comprometida, a mi parecer, por su condición de virtual candidato presidencial socialista chileno...
La OEA exige respeto a los gobiernos elegidos democráticamente y promete sólo reconocer a éstos.... ¿Es esta la misma OEA que acaba de abrir las puertas al retorno de Cuba al organismo? ¿Cuáles fueron las elecciones limpias, libres, universales y secretas que eligieron a Fidel o a Raúl Castro?
La democracia exige mucho más que elecciones. Los venezolanos somos de eso testigos de excepción. Es menester que los organismos internacionales que velan por la democracia vayan más allá del requisito electoral y se adentren a ver el gobierno democrático a la hora de emitir sus calificaciones sobre gobernantes y sistemas.
