La aprobación en días recientes de la nueva Ley Orgánica de Educación ha sumido al país en un intenso debate que ha dado al tema educativo un (lamentablemente) raro protagonismo en la discusión pública. En el presente análisis intentaré presentar una perspectiva que explique, sin llover sobre mojado, por qué considero a la LOE como una ley pirata...
¿Por qué la educación?
Sin irnos muy atrás, es conveniente revisar la importancia que tiene la educación en la vida social, especialmente para los países en vías de desarrollo. Uno de los rasgos principales que comparten estos países en vías de desarrollo es el inmenso agobio de la pobreza. No es necesario profundizar en los embates que la pobreza impone sobre la población: desesperanza, necesidades insatisfechas, delincuencia, inseguridad, desempleo y muchos otros. La pobreza niega la posibilidad de una vida plena. Los pobres, aunque suene trivial, no van al cine, no salen a comer. Menos trivial puede sonar señalar que los pobres tienen prohibido enfermarse, ante el alto costo de las medicinas. Mandato perverso si se consideran las condiciones sanitarias y de higiene en las que viven tantos de nuestros compatriotas.. ser pobre en un país como el nuestro significa ser esclavo de un esfuerzo permanente, sin descanso, por mantenerse a flote, por mantener el cuello fuera del agua.
La educación es una luminaria de esperanza frente a tan sombrío panorama. Científicos sociales han demostrado la importancia de la escuela como antídoto y vacuna contra la pobreza. Organismos como la UNESCO han calificado a la educación como un vehículo al desarrollo y como el principal promotor del crecimiento económico y el desarrollo sustentable. Adicionalmente, la educación posee una misión liberadora, que se traduce en la transmisión de actitudes y valores modernos. La educación, materializada en la escuela como institución fundamental, posee la capacidad para sacar de la pobreza a las sociedades en desarrollo. El fortalecimiento de la escuela, en este sentido, redunda en el desarrollo económico y cultural de los pueblos.
Si la escuela es capaz de lograr todo esto, ¿qué pasa en Venezuela? La educación en Venezuela se enfrenta a un sinfín de retos que la encuentran en una situación muy precaria. Entre los principales problemas que estrangulan al sistema educativo venezolano en la actualidad se encuentran la deserción escolar, las deficiencias en las condiciones de aprendizaje, el hacinamiento escolar, la inadecuación infraestructural y curricular, los bajos niveles de rendimiento escolar, la insuficiencia presupuestaria y de inversión, y la calidad de la enseñanza. Eso, sin entrar a considerar el valor que le hemos venido dando como sociedad a lo educativo, que parece ser bastante bajo.
En fin, es dramática la situación de la educación en países como el nuestro. Hay sobre la dinámica educativa una presión excesiva que surge de una fórmula trágica en la que se combinan demasiados alumnos y candidatos a la escolarización, un número reducidísimo de maestros formados y pírricos recursos para dar respuesta a los más elementales reclamos del sistema.
Un reto especialmente colosal se da en cuanto al tema de la inclusión. El número de alumnos excluidos del sistema de educación formal es especialmente alarmante. Cada año desertan miles de estudiantes de educación media. Más de 130 mil alumnos, según cifras oficiales, desertaron en 2005. Adicionalmente, el déficit en materia de educación media es espeluznante. La gran mayoría de las escuelas venezolanas no ofrecen educación media, lo cual excluye, por defecto, a la mayoría de los estudiantes venezolanos de recibir un nivel de educación cuyas ventajas son evidentes por sí mismas: las personas que poseen un nivel de educación media tienen más oportunidades a nivel laboral, sus ingresos son mejores que los que no tienen este grado de escolaridad y sus actitudes son más modernas.
Existe pues un reclamo urgente en lo que a educación se refiere: su masificación. Educación para todos es un reclamo Constitucional y un deber moral. En la medida que logremos incluir a todos los venezolanos en el sistema educativo, avanzaremos como nación y podremos encaminarnos en la senda del desarrollo. Esto supone superar el déficit cuantitativo que se presenta en la educación, que tiene que ver con la brecha entre la demanda y la oferta, según la cual la demanda supera la oferta de cupos disponibles, problema que tenderá a agravarse a consecuencia del envejecimiento de la población, y una oferta que no crece en la proporción requerida. Adicionalmente, la masificación de la educación posee otro componente cuya revisión es urgente: el componente curricular. Este tiene que ver con los contenidos que forman parte de la educación venezolana. La educación debe preparar para la "vida real", con consideraciones hacia las demandas del mercado laboral y la vida ciudadana. Educar en vacío, "para nada", o "para entrar a la universidad" no tiene ningún sentido. Los esfuerzos en esta materia deben ser inagotables, encaminándose hacia la modernización del sistema educativo. En la medida que se hagan tangibles los beneficios de la educación, por ejemplo, en términos de productividad, en la medida en que se le vea "el queso a la tostada", tendremos menores tasas de deserción en las escuelas y se verá con mayor claridad los beneficios de la escolaridad completa.
La ley, su centro, y los problemas del país.
Estos son, entre muchos otros, los problemas que presenta la educación en el país. Podría uno suponer, entonces, que una nueva ley en materia educativa tendría como principal objetivo brindar respuesta y solución a estos problemas. Lamentablemente, esto no es así.
Quienes por profesión u oficio nos dedicamos a la educación tendemos a mantener como centro el bienestar de "los chamos". El foco está en ellos, el acento está en qué se puede hacer para brindarles una mejor educación. En ese sentido se hacen necesarios adelantos de innovación, de uso de las tecnologías de comunicación e información, de actualización curricular. Asuntos que, de hecho, son tratados en la recién promulgada ley de manera tangencial.
El centro de esta ley no parece estar ni en los chamos, ni en la innovación, ni en la resolución de los problemas que mantienen al sistema educativo colgando de un hilo. De manera insólita, la Ley de Educación no se centra en lo educativo. En cambio, el centro de la ley está en una clara intención de control por parte del Estado-gobierno. Y digo Estado-gobierno porque deliberadamente el gobierno asume para sí, en esta ley, las características y funciones del estado, y pretende fundir los dos términos en uno. Fusión antirrepublicana, peligrosa, que da pie a fusiones similares que pueden devenir en Estado-gobierno-partido(único).
Pero sobre todas las cosas, sin querer ni poder minimizar el intento de control total, la nueva Ley de Educación no da respuesta a los inmensos problemas de la educación venezolana. No dice nada sobre cómo masificar la educación, sobre cómo mejorar su calidad, sobre cómo sacarla del atolladero en que se encuentra. Aun peor, el Estado le saca el cuerpo a atribuciones que hasta ahora eran de su exclusiva competencia, tal como la construcción de nuevos planteles. Las "respuestas" que da la nueva ley a la problemática educativa son el control, la discrecionalidad (cheque en blanco al gobierno) y la demagogia.
Una ley pirata
Esta no es una ley educativa. Su centro no está en la educación. Está en el intento de control. Ante los inmensos problemas y retos que tiene por delante la educación en Venezuela, el gobierno ha decidido escupir una ley mediocre, una ley verdaderamente pirata que, lejos de solventar la situación de un sector que nos encaminaría hacia el desarrollo, el bienestar y el progreso para todos, se conforma con lo que hay. Es una ley pirata que se conforma con una educación pirata, en pro de su proyecto antipolítico de control de la sociedad.
Finalizo citando un documento de la UNESCO sobre educación y dinámica poblacional:
"La educación tiene el inmenso potencial de sacar de la pobreza a las sociedades en desarrollo. Mas para que esto suceda, será necesario primero que los países interesados...rescaten a la educación de la pobreza en que se encuentra sumergida".
Notas sueltas
Colas de la abstención. ¡Cuánto sigue costando el error de abstenerse en las pasadas elecciones parlamentarias! Es un tema que se ha barrido debajo de la alfombra y cuyas responsabilidades no han sido plenamente asumidas por quienes promovieron esa alternativa y satanizaron a quienes advertían su inconveniencia y peligrosidad.
Esto no se acaba aquí. La defensa de la educación y de la democracia son tareas permanentes. Ninguna ley cambia eso. Nos toca estar atentos día a día para contener los intentos de control. Nos toca también promover un proyecto distinto, moderno, educativo que responda a los intereses y problemas del país.
El Referéndum. Se ha propuesto la alternativa del Referéndum Abrogatorio para que la gente se pronuncie sobre esta ley. Creo que es una iniciativa acertada y que debemos unir esfuerzos para informar a la población sobre esta ley y propinarle al gobierno una derrota que le reafirme que la educación es algo serio, y que los venezolanos merecen una ley que lo asuma así.
Las que vienen. No debemos perder de vista las elecciones parlamentarias de 2010. Representan la mejor oportunidad, no sólo para dar un freno a las intenciones del gobierno, sino también para promover un proyecto de país democrático y abierto, progresista, desde un espacio como la Asamblea Nacional.
lunes, agosto 17, 2009
lunes, junio 29, 2009
A propósito de Honduras
La atención de América está hoy sobre Honduras. La última semana ha visto a las fuerzas militares de ese país arrestar a su presidente, Manuel Zelaya, y expulsarle a Costa Rica. También hemos visto al Congreso hondureño destituir a Zelaya y nombrar a un nuevo presidente, en la figura del legislador Roberto Micheletti. A su vez, el poder judicial de esa nación ha dado una aparente "bendición" a la acción militar, declarando que los soldados procuraban la defensa de la Constitución, puesta en jaque ante las propuestas del presidente depuesto. Tras todo esto, hemos observado el absoluto repudio que la comunidad internacional ha dado a lo que prestamente han denominado un golpe de estado. Así, cuerpos como la OEA y la Unión Europea han realizado enfáticas condenas a lo ocurrido; las Naciones Unidas, Washington y algunos otros actores de peso han -aunque de manera menos vehemente- hecho lo propio. Por su parte, nada sorprende que el ALBA y sus países miembros, en especial Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, se hayan mostrado solidarios con Zelaya y que exhiban hoy una actitud que bordea en lo bélico con respecto al nuevo gobierno.
Ahora bien, ¿qué lectura darle a los acontecimientos?
Al aportar mi granito de arena, quisiera dividir el argumento en dos partes: una parte si se quiere más teórica, y otra más política en el sentido de realpolitik. Comencemos por la primera...
La democracia descansa, entre otros preceptos, en la idea básica de separación de los poderes. De modo que -en el modelo clásico- el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial conforman los tres el gobierno de un país dado. Los tres ejercen funciones igualmente importantes para el gobierno del Estado y los tres mantienen -a través de la autonomía que cada uno debe mantener con respecto a los demás- el equilibrio de fuerzas que permite una gobernación más plural y democrática de las sociedades.
Los poderes públicos en Honduras protagonizaban desde hace meses una intensa pugna que tenía al país sumido en una crisis institucional. En el centro de esa pugna se hallaba una propuesta polémica del presidente Zelaya que buscaba realizar una consulta que permitiese introducir cambios en la Constitución hondureña, con la finalidad de permitirle una vía para permanecer en el poder más allá del término de su actual período. El Legislativo y el Judicial se enfrentaron duramente a esa propuesta y la calificaron de ilegal, proponiendo que la consulta se realizase en noviembre junto a la elección presidencial correspondiente. Pero el detonante -como suele suceder en América Laitna- vino camuflado. El presidente Zelaya destituyó de su cargo al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de su país ante la negativa de éste a seguir órdenes que los dos poderes restantes habían tachado de ilegales. El presidente se hallaba en abierto desafío de los poderes que le hacen contrapeso en el gobierno del Estado, y continuó esa postura al negarse a restituir al General Romeo Vásquez, tal y como lo establecía un mandato del Tribunal Supremo. En la medida que se acercaba la fecha de una consulta que era rechazada por el Congreso, el Tribunal y la autoridad electoral, el ambiente se crispaba más y más. En los días previos a lo que sería su destitución forzada del poder, incluso las fuerzas político-partidistas que apoyaban a Zelaya le habían retirado su apoyo, citando los rasgos autoritarios que mostraba el presidente en su terca faena. Finalmente, el día de la fulana consulta, sucedió lo que todos conocemos y el gobierno de Zelaya fue depuesto por la fuerza militar...
Los acontecimientos, más allá del relato, traen a colación algunas cuestiones críticas. En primer lugar, el retrato de una Honduras institucional, presta a la defensa del estado de derecho y, como entonó una legisladora liberal (antes afecta a Zelaya) en la sesión que le destituyó del poder formalmente, a la idea de que "nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera un presidente". En segundo lugar, lo arraigado del presidencialismo como sistema en nuestros países. ¿Existiría el mismo repudio internacional y la misma alharaca si el Ejecutivo y el Judicial hubieran clausurado el Congreso de la República, electo mediante el voto popular? Pero todo esto suena muy inocente y muy Bambi....
La realidad es que la intervención militar introdujo una mancha de descrédito a lo que aparenta ser un reclamo legítimo de dos ramas también legítimas del gobierno hondureño. La sombra del pretorianismo latinoamericano y del fatídico argumento de la tutela militar ha empañado, y en cierta medida deslegitimado, los argumentos de quienes, basados en la autonomía de los poderes públicos, empeñaban una defensa de la institucionalidad democrática, haciéndoles quedar ante el mundo como todo lo contrario, como verdugos de la voluntad popular y usurpadores del gobierno legítimamente constituido.
Puede observarse, entonces, la complejidad del asunto. Una complejidad que merece, en cuanto al análisis, ir mucho más allá de lo periodístico y de lo que el calor del debate trae "en directo". Algunos hablan de dos golpes y, aunque deliberadamente exacerbado, no deja de tener cierta lógica: un primer golpe de Zelaya, queriendo pasar por encima al Poder Judicial y al Poder Legislativo, seguido de un segundo golpe militar, que resultó en la destitución del presidente elegido por el voto popular.
Arriba hablábamos de dos argumentos. El segundo, el basado en cuestiones menos teóricas y más pragmáticas, es el que sigue. Detrás de los sucesos de los últimos días en Honduras se puede ver una determinación muy firme por parte de algunos países de no permitir la replicación del experimento chavista en sus sociedades. Y por "experimento chavista" no me refiero al aspecto ideológico sino al procedimental: la extirpación del estado de derecho y de la autonomía de los poderes públicos y el control entero del aparato gubernamental en las manos del Ejecutivo, y más específicamente, del Presidente. Hace diez años una Venezuela esperanzada y sumisa entregó la Corte Suprema de Justicia al chavismo, permitió la disolución del Congreso Nacional y se enfiló por el despeñadero que llegó a representar el proyecto personalista y militarista del Teniente Coronel Chávez. Hoy, vista en el espejo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Honduras no estuvo dispuesta a probar una suerte similar.
De por qué el fin no justifica los hechos
Si bien considero que esto es así, la bota militar no ha hecho sino enlodar lo que a leguas parece un reclamo legítimo de los sectores democráticos hondureños. ¿Qué haber hecho distinto? Ver por el retrovisor redunda siempre en una simplificación grotesca de los hechos, pero da la impresión de que la acción apropiada hubiera sido -como a todas luces aparentaba iba a ser en cuestión de días- la destitución de Zelaya por el Congreso Nacional, amén de sus violaciones a la Constitución y su incapacidad (o falta de voluntad) para gobernar democráticamente. Esa hubiera sido una salida institucional, democrática, pacífica y, sobre todo, civil a la crisis de poderes, y habría colocado cualquier acción posterior de las fuerzas militares en un marco legal de respaldo a una medida tomada legítimamente por los poderes del Estado.
En cierre..., el de Honduras es un problema complejo, y como tal no admite explicaciones ni soluciones simples. Las posturas dogmáticas no tienen cabida en este debate. El nuevo gobierno, acorralado por la presión internacional, la tiene cuesta arriba y nace marcado de la ilegitimidad que acarrea el arrebatón militar. Zelaya, a su vez, se muestra vulnerable y desprovisto de apoyo político dentro de sus fronteras. ¿Puede gobernar quien cuenta sólo con el apoyo de agitadores callejeros organizados, con el Congreso, los partidos políticos, los militares y los tribunales en contra? De aquí a noviembre -al menos- Honduras promete ser punto focal de los debates políticos latinoamericanos y mundiales. La situación cambia día a día y en estas líneas se ha querido brindar una primera aproximación a lo que aparenta ser el escenario hondureño. La democracia está a prueba, en muchísimos sentidos distintos, en Honduras. La manera en que se desenvuelvan los hechos será determinante para el resto de la región.
Notas sueltas.
Resulta que ahora a Chávez le molestan los gorilas militares y los golpes de estado...
La credibilidad de Insulza a la cabeza de la OEA se ve comprometida, a mi parecer, por su condición de virtual candidato presidencial socialista chileno...
La OEA exige respeto a los gobiernos elegidos democráticamente y promete sólo reconocer a éstos.... ¿Es esta la misma OEA que acaba de abrir las puertas al retorno de Cuba al organismo? ¿Cuáles fueron las elecciones limpias, libres, universales y secretas que eligieron a Fidel o a Raúl Castro?
La democracia exige mucho más que elecciones. Los venezolanos somos de eso testigos de excepción. Es menester que los organismos internacionales que velan por la democracia vayan más allá del requisito electoral y se adentren a ver el gobierno democrático a la hora de emitir sus calificaciones sobre gobernantes y sistemas.
Ahora bien, ¿qué lectura darle a los acontecimientos?
Al aportar mi granito de arena, quisiera dividir el argumento en dos partes: una parte si se quiere más teórica, y otra más política en el sentido de realpolitik. Comencemos por la primera...
La democracia descansa, entre otros preceptos, en la idea básica de separación de los poderes. De modo que -en el modelo clásico- el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial conforman los tres el gobierno de un país dado. Los tres ejercen funciones igualmente importantes para el gobierno del Estado y los tres mantienen -a través de la autonomía que cada uno debe mantener con respecto a los demás- el equilibrio de fuerzas que permite una gobernación más plural y democrática de las sociedades.
Los poderes públicos en Honduras protagonizaban desde hace meses una intensa pugna que tenía al país sumido en una crisis institucional. En el centro de esa pugna se hallaba una propuesta polémica del presidente Zelaya que buscaba realizar una consulta que permitiese introducir cambios en la Constitución hondureña, con la finalidad de permitirle una vía para permanecer en el poder más allá del término de su actual período. El Legislativo y el Judicial se enfrentaron duramente a esa propuesta y la calificaron de ilegal, proponiendo que la consulta se realizase en noviembre junto a la elección presidencial correspondiente. Pero el detonante -como suele suceder en América Laitna- vino camuflado. El presidente Zelaya destituyó de su cargo al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de su país ante la negativa de éste a seguir órdenes que los dos poderes restantes habían tachado de ilegales. El presidente se hallaba en abierto desafío de los poderes que le hacen contrapeso en el gobierno del Estado, y continuó esa postura al negarse a restituir al General Romeo Vásquez, tal y como lo establecía un mandato del Tribunal Supremo. En la medida que se acercaba la fecha de una consulta que era rechazada por el Congreso, el Tribunal y la autoridad electoral, el ambiente se crispaba más y más. En los días previos a lo que sería su destitución forzada del poder, incluso las fuerzas político-partidistas que apoyaban a Zelaya le habían retirado su apoyo, citando los rasgos autoritarios que mostraba el presidente en su terca faena. Finalmente, el día de la fulana consulta, sucedió lo que todos conocemos y el gobierno de Zelaya fue depuesto por la fuerza militar...
Los acontecimientos, más allá del relato, traen a colación algunas cuestiones críticas. En primer lugar, el retrato de una Honduras institucional, presta a la defensa del estado de derecho y, como entonó una legisladora liberal (antes afecta a Zelaya) en la sesión que le destituyó del poder formalmente, a la idea de que "nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera un presidente". En segundo lugar, lo arraigado del presidencialismo como sistema en nuestros países. ¿Existiría el mismo repudio internacional y la misma alharaca si el Ejecutivo y el Judicial hubieran clausurado el Congreso de la República, electo mediante el voto popular? Pero todo esto suena muy inocente y muy Bambi....
La realidad es que la intervención militar introdujo una mancha de descrédito a lo que aparenta ser un reclamo legítimo de dos ramas también legítimas del gobierno hondureño. La sombra del pretorianismo latinoamericano y del fatídico argumento de la tutela militar ha empañado, y en cierta medida deslegitimado, los argumentos de quienes, basados en la autonomía de los poderes públicos, empeñaban una defensa de la institucionalidad democrática, haciéndoles quedar ante el mundo como todo lo contrario, como verdugos de la voluntad popular y usurpadores del gobierno legítimamente constituido.
Puede observarse, entonces, la complejidad del asunto. Una complejidad que merece, en cuanto al análisis, ir mucho más allá de lo periodístico y de lo que el calor del debate trae "en directo". Algunos hablan de dos golpes y, aunque deliberadamente exacerbado, no deja de tener cierta lógica: un primer golpe de Zelaya, queriendo pasar por encima al Poder Judicial y al Poder Legislativo, seguido de un segundo golpe militar, que resultó en la destitución del presidente elegido por el voto popular.
Arriba hablábamos de dos argumentos. El segundo, el basado en cuestiones menos teóricas y más pragmáticas, es el que sigue. Detrás de los sucesos de los últimos días en Honduras se puede ver una determinación muy firme por parte de algunos países de no permitir la replicación del experimento chavista en sus sociedades. Y por "experimento chavista" no me refiero al aspecto ideológico sino al procedimental: la extirpación del estado de derecho y de la autonomía de los poderes públicos y el control entero del aparato gubernamental en las manos del Ejecutivo, y más específicamente, del Presidente. Hace diez años una Venezuela esperanzada y sumisa entregó la Corte Suprema de Justicia al chavismo, permitió la disolución del Congreso Nacional y se enfiló por el despeñadero que llegó a representar el proyecto personalista y militarista del Teniente Coronel Chávez. Hoy, vista en el espejo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Honduras no estuvo dispuesta a probar una suerte similar.
De por qué el fin no justifica los hechos
Si bien considero que esto es así, la bota militar no ha hecho sino enlodar lo que a leguas parece un reclamo legítimo de los sectores democráticos hondureños. ¿Qué haber hecho distinto? Ver por el retrovisor redunda siempre en una simplificación grotesca de los hechos, pero da la impresión de que la acción apropiada hubiera sido -como a todas luces aparentaba iba a ser en cuestión de días- la destitución de Zelaya por el Congreso Nacional, amén de sus violaciones a la Constitución y su incapacidad (o falta de voluntad) para gobernar democráticamente. Esa hubiera sido una salida institucional, democrática, pacífica y, sobre todo, civil a la crisis de poderes, y habría colocado cualquier acción posterior de las fuerzas militares en un marco legal de respaldo a una medida tomada legítimamente por los poderes del Estado.
En cierre..., el de Honduras es un problema complejo, y como tal no admite explicaciones ni soluciones simples. Las posturas dogmáticas no tienen cabida en este debate. El nuevo gobierno, acorralado por la presión internacional, la tiene cuesta arriba y nace marcado de la ilegitimidad que acarrea el arrebatón militar. Zelaya, a su vez, se muestra vulnerable y desprovisto de apoyo político dentro de sus fronteras. ¿Puede gobernar quien cuenta sólo con el apoyo de agitadores callejeros organizados, con el Congreso, los partidos políticos, los militares y los tribunales en contra? De aquí a noviembre -al menos- Honduras promete ser punto focal de los debates políticos latinoamericanos y mundiales. La situación cambia día a día y en estas líneas se ha querido brindar una primera aproximación a lo que aparenta ser el escenario hondureño. La democracia está a prueba, en muchísimos sentidos distintos, en Honduras. La manera en que se desenvuelvan los hechos será determinante para el resto de la región.
Notas sueltas.
Resulta que ahora a Chávez le molestan los gorilas militares y los golpes de estado...
La credibilidad de Insulza a la cabeza de la OEA se ve comprometida, a mi parecer, por su condición de virtual candidato presidencial socialista chileno...
La OEA exige respeto a los gobiernos elegidos democráticamente y promete sólo reconocer a éstos.... ¿Es esta la misma OEA que acaba de abrir las puertas al retorno de Cuba al organismo? ¿Cuáles fueron las elecciones limpias, libres, universales y secretas que eligieron a Fidel o a Raúl Castro?
La democracia exige mucho más que elecciones. Los venezolanos somos de eso testigos de excepción. Es menester que los organismos internacionales que velan por la democracia vayan más allá del requisito electoral y se adentren a ver el gobierno democrático a la hora de emitir sus calificaciones sobre gobernantes y sistemas.
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